Para desarrollar sus actividades, Furukawa celebraba contratos de arrendamiento de predio rústico, lo cual ha sido reconocido por el Ministerio de Trabajo como una “maniobra patronal no muy ética” y que incumplía también el Mandato Constituyente 08, que prohíbe explícitamente la tercerización e intermediación laboral.

Familias enteras vivían dentro de las haciendas de la empresa, cuyos caminos y puertas de ingreso controlaba la empresa. En estos campamentos, no había luz, agua o saneamiento ambiental. Las estructuras eran antiguas, húmedas, oscuras y nada adecuadas. En una especie de cubículos sin ventilación viven las familias enfrentando riesgos y graves problemas de salud como consecuencia de las condiciones en las que viven y también por accidentes laborales. Mientras tanto la empresa, lucraba del trabajo que realizan estas familias para exportar la fibra de abacá a varios países, entre ellos España, Reino Unido y Japón.

A partir de enero de 2018, por primera vez, un grupo de trabajadores de la empresa Furukawa Plantaciones C.A. del Ecuador inicia un proceso organizativo para reclamar por la situación que enfrentan dentro de los campamentos de esta empresa de origen japonés.

La Defensoría del Pueblo realizó dos visitas en el 2018 a varios campamentos de la empresa y emitió un Informe de verificación de derechos humanos en febrero de 2019. En estas visitas se constataron la existencia de familias enteras sometidas a servidumbre de la gleba (de la tierra), una de las formas de esclavitud moderna prohibidas por las Naciones Unidas desde la década de los 60.

Entre las verificaciones que se encontraron constan:

• Insalubridad en el espacio que es utilizado tanto laboral y habitacional

• Inexistencia de una relación de dependencia directa entre Furukawa C.A.

• Condición de precarización laboral y de vida que el resto de obreros y sus familiares.

• Pagos ínfimos con relación al tipo de trabajo que desempeñan.

• Dificultad de acceso a atención médica de emergencia y preventiva.

• Embarazo y maternidad adolescente, sin atención

• Explotación laboral infantil y adolescente con alto riesgo

• Jornadas laborales de hasta doce horas y desgaste físico y mental de los trabajadores.

• Presencia de riesgos biológicos de contraer enfermedades como el dengue.

• Inexistencia de servicio de electricidad en las áreas de trabajo y vivienda

• Inexistencia de agua potable. Se consumía agua del estero y de un pozo contaminado

• Inexistencia de equipos de seguridad laboral

• Dificultad de ingreso y salida de los campamentos,

• Niños y adolescentes no escolarizados y consiguiente analfabetismo adulto e infantil.

• Adultos y niños sin registro de nacimiento e identificación

• Discapacidades a causa de accidentes en actividades laborales.

• Condiciones de vida insalubre y hacinamiento (un cuarto o dos es compartido por una familia que bordea los 7 miembros, y, en ocasiones, llega a 11)

• Existe una o máximo dos letrinas con funciones de baño, compartidas por más de 40 personas, dependiendo del campamento.

• Riesgo ambiental, agua contaminada mezclada con los desechos que genera la producción

  de la fibra de abacá que, a su vez, se juntan con el aceite usado de la maquinaria, junto con

  los desechos de la letrina.

• Riesgo de incendio por quema de basura.

Décadas de esclavitud

El informe final de la Defensoría del Pueblo del “caso Furukawa” alerta sobre la continua situación de esclavitud moderna que sufren los trabajadores abacaleros y demás, señala el incumplimiento y omisiones de funciones por parte del Estado y las acciones que ha tomado la empresa para mitigar el problema. 

El informe detalla la vulneración de derechos de más de 1.200 personas y alrededor de 400 familias, que trabajan y viven en las 2.300 hectáreas de tierra de Furukawa. También advierte que de no darse la reparación integral se iniciarán acciones judiciales a escala nacional e internacional.

La defensoría indica también la falta de seguimiento y actualización de informes por parte de los Ministerios de Salud, Educación, Gobierno, Inclusión Económica y Social, Dirección General del Registro Civil, Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social y Servicio de Rentas Internas en sus debidas competencias.

Esclavitud en medio del Covid-19 

En mayo de 2020, el Comité de Solidaridad Furukawa “Nunca Más” advirtió que los trabajadores de la empresa siguen laborando sin equipos de protección ni medidas de bioseguridad. Como resultados varios abacaleros han dado positivo para Covid-19.

Los informes de Furukawa apuntan que cuentan con personal médico y realizan revisiones periódicas, campañas de vacunación, asistencia médica y atención psicológica. No obstante, tanto los trabajadores como la defensoría desmintieron estos hechos. En junio de 2020, el Informe de Inspección en Seguridad y Salud en el Trabajo concluye que los centros de trabajo no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad y mantienen el 92,85% de incumplimiento de obligaciones en materia de seguridad y salud.

En enero de 2021 la justicia ordinaria ecuatoriana sentenció a la empresa Furukawa por la vulneración de derechos de sus trabajadores a los que sometía a esclavitud de la gleba, y obligó a los responsables a proceder a una reparación integral a las víctimas, tanto en forma de indemnizaciones económicas, como disculpas públicas. Frente a esto existieron varios intentos de desalojo y demolición los campamentos, donde algunas familias decidieron resistir y montaron una tienda construida con caña guadúa y plástico, para impedir que los administradores y operarios de la empresa les desalojen…

Al inicio de este año 2022, la Corte Constitucional del Ecuador admitió a trámite una acción de protección interpuesta por decenas de víctimas de esclavitud moderna, por presunta trata de personas con fines de explotación laboral en haciendas de la firma Furukawa. A principios de semana 106 víctimas presentaron una acusación particular dentro del proceso que sigue la Fiscalía General del Estado, organismo que solicitó la investigación a varios trabajadores de mandos operativos por delito de explotación laboral en este caso emblemático que afecta a más de un centenar de trabajadores en haciendas de abacá.

A pesar de las evidencias y las sentencias, durante estos cuatro años, la empresa se ha negado a reconocer la existencia de violaciones a los derechos fundamentales de sus agricultores. En su lugar, ha optado por intentar dilatar los procesos legales y, con el fin de clausurar el caso, ha intimidado, hostigado y amenazado de muerte a los denunciantes. De esta manera, y pese a los avances, las reparaciones que se deben ofrecer a los trabajadores de Furukawa todavía son una deuda pendiente del Ecuador para con la dignidad humana y la democracia.

MT

https://www.eloriente.com/articulo/la-corte-constitucional-analizara-el-caso-furukawa/35387

https://www.inredh.org/archivos/pdf/Informe%20_casofurukawa.pdf

https://www.labarraespaciadora.com/category/furukawa/