Según las declaraciones de la Confederación de Nacionalidades Indígenas (CONAIE), el pueblo se levanta luego de agotar las instancias de diálogo con el gobierno siendo este el contexto político que mostró la falacia del “Gobierno del Encuentro” como su slogan de campaña electoral. Pero a un año de su gobierno solamente ha demostrado su incapacidad y falta de voluntad para responder a las demandas sociales.
El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso enfrenta el primer paro nacional desde que empezó su mandato el pasado 24 de mayo de 2021, en medio de varias deudas sociales como la erradicación de la inseguridad y el mejoramiento de las condiciones laborales para los trabajadores. Según la encuestadora Perfiles de Opinión, el presidente Guillermo Lasso, a junio de 2022, goza apenas del 17,14 % de aceptación ciudadana. Cuando inició su periodo, contaba con más del 75 % de simpatía popular.
La CONAIE lideró varias movilizaciones en la mayoría de provincias del país; su presidente, el líder kichwa panzaleo, Leonidas Iza, anunció que la medida sería indefinida, a escala nacional y que se sostendría en principio con acciones de protesta en las comunidades indígenas. “Agotar toda instancia de diálogo sin renunciar al derecho a la resistencia”. Esta fue la decisión organizativa ampliada sobre la realidad del país y el diálogo nacional, en ejercicio de la democracia y derecho a la participación política, por responsabilidad y transparencia.”
La CONAIE confirmó en un comunicado que los pueblos indígenas, sectores productivos, campesinos afectados por la minería, y diversas organizaciones sociales piden que en la agenda del gobierno de Guillermo Lasso se incluyan “10 temas en materia monetaria y de derechos”, que la organización ha desarrollado desde 2021, temas que han sido ignorados por el actual gobierno.
La lista de peticiones es extensa y refleja las reales necesidades del país y la crisis generalizada en todos los sectores y de todo orden.
- Reducir y Congelar precio de los combustibles que ha estado en permanente alza.
- Entrar en el proceso de focalización a los sectores que necesitan subsidio: agricultores, campesinos, transportistas, pescadores.
- Alivio económico para más de 4 millones de familias con la moratoria de mínimo un año y renegociación de las deudas con reducción de las tasas de interés en el sistema financiero (bancos públicos, privados y cooperativas). Que no se embarguen bienes como casas, terrenos y vehículos por falta de pago.
- Precios justos en los productos del campo: leche, arroz, banano, cebollas, abonos, papas, choclos, tomate y más.
- Políticas de control de precios y la especulación en el mercado de los productos de primera necesidad, que hacen los intermediarios y abuso de precios en los productos industrializados en las cadenas de supermercados.
- Empleo y derechos laborales. Políticas e inversión pública para frenar la precarización laboral y asegurar el sostenimiento de la economía popular y solidaria
- Moratoria a la ampliación de la frontera extractiva minera o petrolera, auditoría y reparación integral por los impactos socioambientales. Para la protección de los territorios, fuentes de agua y ecosistemas frágiles.
- Que se ponga un alto a la privatización de los sectores estratégicos, como el Banco del Pacífico, hidroeléctricas, IESS, CNT, carreteras, salud, entre otras.
- Seguridad, protección y generación de políticas públicas efectivas para frenar la ola de violencia, sicariato, delincuencia, narcotráfico, secuestro y crimen organizado que mantiene en zozobra al Ecuador
- Salud y educación. Presupuesto urgente frente al desabastecimiento de los hospitales por falta de medicinas y personal. Garantizar el acceso de la juventud a la educación superior y mejoramiento de la infraestructura en escuelas, colegios y universidades.
- Respeto a los 21 derechos colectivos: Educación Intercultural Bilingüe, justicia indígena, consulta previa, libre e informada, organización y autodeterminación de pueblos indígenas.
La organización explica que han esperado que el gobierno los escuche, por lo que agotarán todas las instancias del diálogo sin renunciar al derecho de resistencia.
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