publicado el: 22 septiembre 2022 - 05:24

Lawfare: la criminalización del progresismo en América Latina

AUTORA: JESSICA PERNIA. ILUSTRACIÓN: ETTEN CARVALLO
Lawfare: la criminalización del progresismo en América Latina

Segundo Paso para Nuestra América.- El lawfare o judicialización de la política, forma parte de la guerra no convencional aplicada contra diferentes gobiernos de corte progresista en América Latina y el Caribe. Se trata de una estrategia que busca cercar a voceros y voceras sociales, líderes y lideresas políticas que cuentan con un amplio apoyo del poder popular, que son reconocidos como impulsores de cambios sustanciales dentro de los escenarios nacionales e internacionales. Es el caso de Lula Da Silva, Dilma Rousseff, Rafael Correa y más recientemente, Cristina Fernández de Kirchner. El objetivo es inhabilitar y criminalizar a políticos de izquierda que tienen altas posibilidades de retomar el poder.

El lawfare, parte de esta judicialización de la política, aparece como método en contextos de relaciones políticas asimétricas, en medio de amañadas luchas “anti corrupción” ejecutadas cínicamente por sectores corrompidos de los poderes judiciales, que superponiéndose sobre el resto de poderes públicos aprovechan las pujas políticas coyunturales en las que se pierde el equilibrio institucional para desestabilizar procesos, desencadenar conflictos y criminalizar liderazgos.

Los casos en nuestra región son harto conocidos: el de la derecha en Ecuador contra el exvicepresidente Jorge Glass durante el 2017, el expresidente Rafel Correa durante 2020, así como el exsecretario jurídico de la presidencia Alexis Mera, y la exsecretaria de Correa, exjueza de la Corte Constitucional Pamela Martínez Loaiza, condenados forzosamente por un presunto delito de asociación ilícita en el caso de sobornos de la constructora Odebrecht, cuya defensa alega juicios amañados, medidas cautelares arbitrarias y violación a los derechos políticos.

El caso de sectores del aparato de justicia en Brasil contra la ex presidenta Dilma Rousseff durante 2015 y el expresidente -y ahora candidato presidencial- Lula Da Silva durante 2017, acusados por su supuesta participación en una organización creada para desviar dinero de la empresa estatal Petrobras. El caso también conocido como Operación Lava Jato, antecedió al juicio político o impeachment al que sometieron a Dilma, y fue alegato para encarcelar a Lula como líder del Partido de los Trabajadores durante 19 meses aproximadamente.

El caso del golpe de estado en Bolivia en 2019 contra los entonces presidente Evo Morales y vicepresidente Álvaro García Linera, en el que además se aplicaron más de 1500 detenciones y procesos judiciales arbitrarios contra dirigentes, funcionarios y militantes del gobierno plurinacional y del Partido MAS IPSP.

El caso del Congreso de Perú contra el presidente Pedro Castillo, quien hasta ahora ha enfrentado cuatro intentos de aplicación de la moción de vacancia -retiro del cargo- como represalia política, así se han aplicado medidas contra la dirigencia del Partido Perú Libre, la familia del presidente y otros intentos no menos despóticos por parte de la fiscalía, basados en la presunción de comisión de delito contra la administración pública en la modalidad de tráfico de influencias.

El caso más reciente es el de sectores del sistema judicial de Argentina, que han señalado a Cristina Fernández exprimera dama, expresidenta y actual vicepresidenta, de haber liderado una red de corrupción en la construcción de carreteras y vías en la provincia de Santa Cruz, un caso de investigación por el que ya había sido investigada durante el 2016. La diferencia radica en que a finales de agosto 2022, el fiscal federal Diego Luciani solicitó que Fernández fuese condenada a 12 años de cárcel y así como inhabilitada de por vida para ocupar cargos públicos. Al respecto refiere el jurista español Baltazar Garzón:

Cristina Fernández fue procesada en más de doce ocasiones, en casi todas ellas con la intervención de los mismos fiscales y jueces, con probados vínculos con el anterior presidente Mauricio Macri. Hay evidencia de operativos de vigilancia e inteligencia contra Cristina Fernández, así como de escuchas ilegales que fueron convenientemente filtradas a los medios. Se trató de una constante persecución judicial de las agencias de inteligencia hacia ella y a sus hijos desde la toma del poder de Mauricio Macri. En la causa Vialidad, la líder peronista está siendo acusada por supuestas irregularidades que habrían ocurrido hace más de 15 años y que nunca fueron probadas. ('Lawfare' contra Cristina o el Sanedrín argentino, Página 12, 2002)

El lawfare, en todos los casos, se evidencia en la medida en se aplican estratagemas de criminalización jurídica y mediática, en las que jueces o fiscales, políticos y dueños de medios de comunicación consiguen ejecutar una persecución bajo falsas acusaciones, fraude legal y acoso comunicacional, sustituyendo, o los debidos procesos institucionales democráticos en un extremo, o los medios militares en el otro extremo (y en caso de guerra convencional). El objetivo sin embargo siempre es estrictamente político, relacionado al control del poder.

La ciencia política ha tratado de abordar también el método o estrategia del lawfare dentro de la categoría de guerra jurídica, asemejándole incluso al concepto de juristocracia, que según el abogado costarricense Juan de la Herrán “recae cuando los jueces en todas las esferas de instancia se convierten en actores políticos”.

Esta guerra opera “desde arriba”, por medio de un aparato judicial que se “eleva” por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo, ampliando el margen de maniobra y poder para los jueces, en detrimento de la pérdida de equilibrio entre poderes habilitando una creciente juristocracia y normalizando en muchos casos el doble rasero de la ley. El encumbramiento del aparato judicial y la selectividad en los casos se articula con un rol protagónico de los medios de comunicación, que operan para la pronta criminalización de sectores o líderes políticos. Esta dinámica se alimenta con voces de especialistas (muchas provenientes de Think Tanks estadounidenses) que tienen fuerza de verdad y eco en los principales medios y redes sociales. (Lawfare recargado, CELAG)

Ahora bien, debe quedar claro para el caso lationamericano que el lawfare es fundamentalmente explotado por la derecha política, bien sea de corte conservador o liberal, y su objetivo es “la apropiación del Estado”, para provecho del neoliberalismo. Es decir, que el neoliberalismo en su afán de subsistencia forza la reorganización del aparato político, económico y por tanto judicial, como artilugio decisivo en la construcción de su hegemonía.

Se podría decir que la misión del lawfare es que la política se judicialice del mismo modo que la justicia se politice, siempre con la protección de la industria mediática, que cumple el rol del verdugo criminalizador en la esfera pública. Para muestra un botón, no hay más que hacer un paneo rápido de los medios de comunicación y redes sociales antes y después del atentado a la vida de la vicepresidenta argentina Cristina Fernández, ocurrido entrando el mes de septiembre. La pregunta central es qué hicieron esos mismos medios para exacerbar previamente el fanatismo o extremismo del ejecutor, y qué efectos tendrá en adelante el precedente. No queda duda de que una atmósfera política polarizada, y un alto nivel de crispación social son el momento de shock ideal para la judicialización y va quedando claro así a quien le corresponde cada tarea.

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