Hasta ahora, el derecho humano medioambiental ha tenido el mayor impacto en América Latina y otros países como India y Filipinas, que están avanzando con agilidad en este campo.  Europa, por otro lado, ha sido más lenta y los países de América del Norte están algo rezagados. Un puñado de naciones del mundo que han adoptado este concepto, parece tener menos impacto en los tribunales, muestra de ello es que algunos de los más ricos del mundo, como el Reino Unido, Estados Unidos, China y Japón, aún no lo han considerado oficialmente.

En este tema, algunos países de América Latina van por delante de Europa. Por ejemplo, en una demanda climática de alto perfil en Noruega, los grupos ambientalistas argumentaron que permitir la extracción de petróleo en el Ártico era inconstitucional. La Corte Suprema opinó que el Estado tenía la obligación de proteger a los ciudadanos de los daños ambientales; sin embargo, el tribunal dictaminó que los permisos de perforación aún no infringían el derecho, en parte porque el Estado no debería ser responsable de las emisiones del petróleo que exporta. Por lo tanto, se requieren de políticas ambientales más sólidas.

El poder de la acción ciudadana

Hace aproximadamente 30 años, un niño que quería detener la contaminación en su barrio y terminó con una reforma constitucional. En 1992, un arroyo que serpenteaba a través de un pequeño pueblo cerca de la capital, San José era el sitio donde los lugareños arrojaban su basura. Al no tener un sistema de gestión de desechos adecuado, los residuos terminaban amontonados en sus orillas. Frustrado por la situación, Carlos Roberto Mejía Chacón, de 10 años, presentó un recurso de apelación ante la Sala Constitucional de Costa Rica contra el municipio local. Permitir que el río sea utilizado como vertedero, argumentó, violaba el derecho humano a la vida, que requiere condiciones adecuadas y vías fluviales limpias y protegidas. La cámara se puso del lado del denunciante, y un año después ordenó al municipio limpiar la basura y comenzar a manejar adecuadamente los desechos de los residentes

Pero la decisión también tuvo un significado mucho más profundo. Al igual que la alimentación, el trabajo, la vivienda y la educación, un medio ambiente sano en todos los aspectos debe considerarse un derecho humano. Un ambiente limpio y saludable es una base fundamental de la vida humana, al igual que los ecosistemas equilibrados, la biodiversidad y otros elementos de la naturaleza de los que dependen las personas, razonaron los jueces.

El derecho humano a un medio ambiente saludable reconoce que la naturaleza es la piedra angular de una existencia humana digna. Desde entonces, el derecho constitucional ha ayudado a guiar muchas de las políticas ambientales ampliamente elogiadas, una de ellas es de Costa Rica, que además los cambios legales, este concepto ha repercutido en el paisaje y la cultura del país.

Moldear la mentalidad hacia la naturaleza

Con el ejemplo de Costa Rica, casos similares se han presentado en muchos otros países latinoamericanos que han abrazado este derecho, como Colombia, Argentina, Perú y Ecuador, que enmarcan los problemas ambientales, como algo a lo que todos debemos asumir, en lugar de una sola consideración política, y han empoderado a los movimientos de justicia social para movilizar a la gente, lo que en sí mismo puede disuadir potenciales infractores. Como mínimo, el derecho a un medio ambiente saludable ha ayudado a ralentizar los procesos de destrucción del hábitat.

A lo largo de los años, el Tribunal Constitucional de Costa Rica ha escuchado cientos de casos relacionados con el derecho, a menudo encontrando violaciones a la naturaleza; obteniendo importantes avances, por ejemplo, ha dictaminado que la matanza de ciertos animales en peligro de extinción es inconstitucional y por lo tanto, ilegal; de igual forma la matanza de tortugas marinas verdes en peligro de extinción es inconstitucional, así como la tala del almendro de montaña, que es utilizado por el gran guacamayo verde en peligro crítico de extinción, ilegalizando efectivamente ambas prácticas; así como también ha establecido una moratoria del país sobre la exploración petrolera y la minería a cielo abierto y ha logrado obtener el 98% de su energía de fuentes renovables, Costa Rica ha protegido una cuarta parte de su tierra como parques o reservas nacionales y ha reforestado vastas franjas de tierra que alguna vez estuvo degradada.

En los últimos años, miles de personas se han manifestado alrededor del mundo pidiendo cambios en la política ambiental. Sin embargo, al momento de actuar acorde al marco legal, los estados no lo aceptan o lo infringen. En América Latina, no solo es la ley sino un mecanismo de presión para que los derechos constitucionales protejan los derechos humanos y la naturaleza sin que signifique un obstáculo al desarrollo económico; tal es el caso de Costa Rica, que posee además un Plan Nacional de Descarbonización, en el que se incluyen transporte y movilidad sostenible; energía, construcción sostenible e industria; gestión integral de residuos, agricultura y cambio de uso de suelos. De cumplirse, Costa Rica lograría tener “cero emisiones netas” en 31 años, lo que se traduce en que no emitiría más carbono que el que pueda compensar a través de la conservación y siembra de sus bosques.