América Latina alberga 25% de los bosques y de la tierra cultivable, así como más del 30% de los recursos hídricos del mundo. Según el Banco Interamericano de Desarrollo [BID] (2019) y el US Energy Information Administration [EIA] (2017), América Latina y el Caribe cuentan con el 40% de la diversidad biológica del mundo, el 30% del agua dulce disponible y casi el 50% de los bosques tropicales del planeta. Es una región rica en recursos naturales como el petróleo, el gas natural y minerales; cuenta con aproximadamente el 20% de las reservas convenciones de petróleo, el 4% de gas natural y los principales yacimientos de mayor importancia para la economía mundial: cobre, mineral de hierro, plata, oro, zinc y carbón. En este sentido, el interés por explorar y explotar estas riquezas en la industria minera y de hidrocarburos,

Entre el 2010 y el 2015 se presentó un periodo de bonanza minera, conocido por algunos como el "boom minero" en América Latina, debido a los altos ingresos que recibieron ciertos países latinoamericanos por la explotación y exportación de sus recursos naturales no renovables (México , Perú, Colombia, Ecuador, Bolivia, Chile, Venezuela); por lo cual, el sector extractivo en general fue estratégico para el crecimiento de la economía, incluso en países que no eran considerados de tradición minera-petrolera.

El inicio de este auge minero se presentó en la década de 1990, sucedió en el momento en que países destacados por el desarrollo del sector extractivo (Noruega, Canadá, Estados Unidos y Australia), presentó un aumento en los costos de operación junto con la reducción de sus reservas, la eliminación de incentivos fiscales y el fortalecimiento de sus marcos normativos para incrementar las exigencias ambientales favorecieron sus actividades.

En consecuencia, América Latina inició un proceso de apertura económica con el cual se buscaba ampliar la inversión en la región; esto, con la dilatación de los precios internacionales de las materias primas, las reformas de los marcos normativos para mejorar su competitividad. Por consiguiente, trajo consigo algunos beneficios para la economía Latinoamericana (Altomonte & Sánchez, 2016). Seguido a la época de bonanza con altos precios y demanda de minerales e hidrocarburos.

El boom de la explotación y la exportación de sus recursos naturales en la última década fue desencadenado por el crecimiento de la demanda global –no solo de destinos tradicionales como los Estados Unidos y la Unión Europea, sino más bien por la demanda de estos recursos de las economías emergentes, en particular la de China– y por una coyuntura de altos precios internacionales para materias primas y productos agropecuarios.

Para Maristella Svampa, el “Consenso de Washington” de la década de 1990 en América Latina, con sus políticas de privatización y liberalización financiera y comercial fue reemplazado a partir del nuevo milenio por un “consenso de los commodities” basado en la explotación y exportación de gran cantidad de recursos naturales. En este contexto han surgido nuevas geopolíticas verticales del suelo y del subsuelo, en la que el Estado se ha (re-) posicionado como “gestor” y “mediador” del extractivismo; ya sea creando marcos legales, políticos y económicos que facilitan el accionar de las empresas privadas, como es el caso de países que han implementado políticas económicas neoliberales (Chile, Colombia, Perú) pero que lamentablemente los ingresos recibidos no se invierten en salud, educación y desarrollo social de las comunidades involucradas y mucho menos benefician a las grandes mayorías.

Respecto a las reservas de hidrocarburos, el EIA estima que la mayor cantidad de las reservas en Latinoamérica se encuentran en la Cuenca del Orinoco en Venezuela, debido a que posee el 18% de las reservas mundiales de petróleo convencional y el 2,8% de las reservas de gas. Por otra parte, Brasil, México y Ecuador también cuentan con reservas considerables de petróleo y gas convencional, aproximadamente el 10,2% de las reservas de América Latina y el Caribe, y el 2% a nivel mundial; Bolivia, Perú, Trinidad y Tobago poseen la mayor reserva convencional de gas, aproximadamente el 12,5% de las reservas totales de ALC. Asimismo, el EIA (2017) estima que la región podría tener alrededor del 40% de las reservas mundiales de petróleo y gas no convencionales.

La creciente globalización de la naturaleza pone, por lo tanto, de manifiesto una serie de desigualdades estructurales. Por un lado, existen interdependencias asimétricas entre los países proveedores y los demandantes de materias primas. El acaparamiento y la exportación de recursos naturales de las industrias participantes debido a debilidades institucionales, desigualdades de poder e intereses económicos hegemónicos en la extracción causan profundas brechas socio – económicas.

En este contexto el desafío para América Latina es proteger sus recursos e instaurar políticas extractivas equitativas mediante la negociación en igualdad de condiciones con las empresas extranjeras y de esta manera, garantizar una explotación moderada, que no provoque la destrucción indiscriminada de los ecosistemas.

Esto depende en gran medida de la visión política de quienes administran el estado, y solamente es posible con intervención de gobiernos democráticos y progresistas que articulen los intereses de pueblos originarios y afroamericanos en toda la región con los intereses nacionales y no extranjeros y no empleados la entrega de sus riquezas naturales a intereses de países hegemónicos que impulsan el extractivismo capitalista deshumanizado.