publicado el: 30 septiembre 2021 - 23:18
Chile: Libertad a los presos de la revuelta.

SegundoPaso ConoSur - La revuelta popular o estallido como denominó la prensa a la rebelión social que se inició en octubre del 2019 y que ha tenido diversas intensidades durante la crisis sanitaria que padecemos, ha dejado una serie de “grises” sociales que las instituciones y sus autoridades los han tratado como temas menores, como delincuencia común y/o subversión inexplicable.

Me refiero a los siempre indeterminados presas y presos producto de sus acciones en el marco de la movilización social, quienes a casi dos años del inicio de las protestas, siguen poblando las cárceles de Chile, sin que exista un juicio que se ajuste a los requerimientos que presenta la Declaración Universal de Derechos Humanos, la que señala en el artículo 9: “Toda persona tiene derecho, en condiciones de plena igualdad, a ser oída públicamente y con justicia por un tribunal independiente e imparcial, para la determinación de sus derechos y obligaciones o para el examen de cualquier acusación contra ella en materia penal”.

De acuerdo a una investigación realizada por el Centro de Investigación Periodística, CIPER, hasta hace algunas semanas existían 77 personas encarceladas a lo largo del país, 75 hombres y 2 mujeres, quienes están imputadas por delitos que se vinculan a la rebelión social, de estas, 51 están en prisión preventiva y 26 están condenadas.

El medio informativo elaboró este informe accediendo a diversas fuentes, entre ellas Gendarmería y archivos de los Juzgados; no obstante, es necesario destacar que tanto la Fiscalía como la Defensoría Penal indicaron que no podían determinar la cantidad de personas encarceladas por causas vinculadas a las movilizaciones del 2019. El número de detenidas/os que informa CIPER es considerablemente menor a los difundidos hasta hace un año atrás, sin embargo, es preocupante que a decenas de personas se les vulneren sus derechos y el Estado de manera abusiva las encarcele aplicando una condena sin un juicio justo.

Es agobiante, pues nos recuerda un periodo reciente de la historia de Chile en donde primaban las restricciones y las arbitrariedades en la vida de las y los chilenas/os; es alarmante, ya que se naturaliza la privación de libertad para quienes demanden mejores condiciones de vida; es una agresión a la Democracia y al Estado de Derecho que debería fundarla y protegerla. Que haya más de cincuenta personas detenidas preventivamente es un subterfugio que utiliza el sistema judicial para castigar sin investigar, es un escarmiento, una acción despótica que se ejerce esencialmente sobre hombres y mujeres que tienen tres características comunes: son jóvenes, explícitamente contrarios al gobierno y provienen de sectores populares con escasa vinculación con los partidos políticos que tienen representación parlamentaria.

En Chile se desarrollan dos procesos fundamentales para que la nueva institucionalidad sea legítima, superándose el menosprecio social que se expresa hacia el sistema actual: las elecciones parlamentarias y de presidente/a de la república y la elaboración de una nueva Constitución, procesos que se verán empañados si no hay acciones concretas para que se investiguen las violaciones a los derechos humanos cometidas durante el gobierno de Sebastián Pïñera, se condene a las/os responsables civiles y uniformados y se repare a las víctimas, entre ellas a las/os cientos de encarceladas/os debido al ejercicio de su derecho a la manifestación.

Columna Exclusiva de Dino Pancani Corvalán para SegundoPaso ConoSur

Periodista, Dr. Estudios Latinoamericanos.

Código para noticias 1938

etiquetas

Su comentario

Usted está respondiendo
Indicio de comentario
3 + 4 =