Especuladores y Usureros, Al Asedio del Agua

Más de la mitad de la población mundial, 4 mil 200 millones, específicamente, carecen de agua potable, y dos tercios de la población en nuestro planeta podrían llegar a carecer de agua, lo que produciría masivos desplazamientos, producto de esta problemática.

El 28 de julio de 2010, la Asamblea General de la ONU, aprobó la moción del acceso al agua potable y al saneamiento de la misma como derechos fundamentales para los seres humanos, lo que obtuvo 122 votos a favor, 41 abstenciones y ninguno en contra. En este sentido, la Organización Mundial de la Salud, OMS, determinó en un estudio, que un ser humano necesita entre 50 y 100 litros de agua diarios para su consumo higiénico y personal.

Como antecedente, el 2013, en el 149 Periodo de Sesiones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, más de 30 organizaciones latinoamericanas, manifestaron que las empresas eran las responsables de la privatización del agua.

Esta situación se origina en la especulación financiera, que daña los derechos del agua e impide acceder a las personas a este bien de uso público, obstáculo vinculado al extractivismo y a la especulación de los precios de alimentos, tales como el trigo, la soja y los porotos o frijoles.

Una tendencia lamentable, instalada en los mercados financieros, es la especulación con el precio del agua, la que se posesionó gracias a la figura de los contratos financieros, dada la cotización del agua mediante acciones en el corazón especulativo mundial de Wallstreet. Esto, a partir del año 2020, hecho que daña los derechos de las personas al agua, y por ende, de los más desposeídos o de quienes están sometidos a poderes hegemónico de las grandes corporaciones.

El medioambiente desde el que se extraen las aguas comercializadas no se encuentra garantizado, en ningún lugar cuanto a la renovación de los recursos naturales. Esto constituye una seria amenaza a la propia economía local, para la salud de los cauces de aguas, ríos y otros cuerpos de este elemento esencial.

En Chile, por ejemplo, se inician las tratativas, en el contexto de la nueva Constitución, para que el agua vuelva a ser un bien de uso público para el país, materia en la que trabaja la Convención Constitucional, con discusiones relativas en la misma.

Actualmente, la sequía afecta a 155 comunas chilenas, y a siete millones de habitantes del país, hecho que se genera a partir de la sobre explotación de los recursos hídricos, el cambio climático y la especulación vinculada al uso indiscriminado de las aguas y el monocultivo, tanto de paltos (aguacates) en el norte, además de plantaciones forestales de monocultivos de especies exóticas en el sur chileno.

La crisis ha llegado a tal nivel, que la escuela básica (primaria del país), Fernando García Oldín, de la localidad de Hierro Viejo, comuna nortina de Petorca, ha tenido que suspender las clases a los niños debido a los reiterados y consecutivos cortes en el suministro de agua, por el consumo extremado de agua en las plantaciones de paltos de la zona.

El acaparamiento de las aguas produce la sequía en las cuencas hidrográficas, con un alto impacto en los ecosistemas, y ello lleva a que los cerca de 10 mil habitantes de Petorca deban restringir su consumo de agua, así como recibir camiones aljibes, los que les surten con este elemento, pese a que los cursos de ríos poseen suficiente potencial de abastecimiento. Sin embargo, se ven expuestos al acaparamiento de las empresas privadas. En idéntica situación de crisis hídrica se encuentran otras 154 comunas del país, en seis regiones.

Chile posee unas de las reservas de agua dulce más grandes en el mundo, con 3 mil glaciares, sin embargo, el 76% de la población se encuentra afecta a la sequía, situación a la que se llega gracias a la privatización de las aguas, proceso ejecutado por la dictadura militar de Augusto Pinochet desde 1973, que dio paso a que el 94% del uso nacional del agua quedara, a entera disposición, de las empresas privadas, a saber, mineras, forestales, hidroeléctricas, termoeléctricas y agrícolas, hecho que fue posible gracias a la modificación del Código de Aguas vía decreto.

Actualmente, la Dirección General de Aguas, DGA, indica que de las 155 comunas chilenas bajo emergencia hídrica, todas ellas poseen su respectivo decreto, mientras que en su mayoría los derechos de aprovechamiento de agua fueron entregados a grandes agricultores que especulan con el derecho mencionado, ya que el 73% del consumo de agua lo concentra la actividad agrícola, según el Instituto Nacional de Estadísticas. A su vez, el informe indica que, del consumo de agua, 12% lo concentra la industria, el 9% la minería, mientras que el 6% se destina para el uso doméstico. Esto, tras 50 años de la modificación del Código de Aguas, bajo la dictadura militar, por lo que urge discutirlo en los círculos más amplios de la sociedad, en pos de implementar los cambios necesarios.

De acuerdo con la DGA, el actual déficit de aguas lluvia en Chile varía de entre 100% a 40%, vinculado a la acción agrícola, la industria y la minería, mientras que solo en noviembre de 2021, se añadieron nuevas zonas de escaces hídrica, como la comuna de Calera de Tango, la provincia de Copiapó en su totalidad con sus tres comunas, y la región de Los Ríos, integralmente, en sus 12 comunas.

Respecto a la generación del Producto Interno Bruto de Chile, de acuerdo con el Consejo Minero, cerca del 15% proviene de la minería, el 4,3% de la producción agrícola, y el 1,9% proviene de la industria forestal. De este mismo molde, el 8% de los derechos consultivos del agua se encuentran en manos del negocio forestal y agropecuario, y el 9% en manos de la minería, ubicándose el país entre las primeras naciones en privatizar sus fuentes y gestión de aguas, lo que ha desatado todo este panorama, adverso a la economía de las personas y favorecido la economía corporativa; posible gracias al régimen militar  y sus modificaciones en 1981 del Código de Aguas.

En el reciente proceso para la nueva Constitución de Chile, se ha establecido recuperar garantías reales para la ciudadanía a través del reconocimiento constitucional del uso público del agua, para que se consagre en la nueva Carta Magna, dada la emergencia climática y las urgencias que conlleva.

Esta es una tarea que surge como urgente para todo el territorio nacional. Una muestra de esto es el caso previsto para el año 2025 del agotamiento de las napas subterráneas en la comuna de Temuco, según el estudio proporcionado por el Centro Territorio Mayor, de la Universidad Mayor de Temuco, publicado en 2019, lo que se haría extensivo a las 32 comunas de la región de La Araucanía, entrada al sur chileno. A esto se agrega el fuerte déficit de precipitaciones en la misma región, pasando de seco en julio de 2017 a extremadamente seco en junio de 2021, según el sexto informe del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC).

Pero, en Chile el uso del agua está en manos del empresariado, entre otros, ENEL, Aguas Andinas y Esval, que controlan las tarifas y el consumo gracias a las facilidades corporativas impuestas durante la exdictadura, necesitándose cambios necesarios a nivel constitucional y de legislación específica en las leyes nacionales como el Código de Aguas, más allá de lógicas privatizadoras que impidan el acceso masivo de la población a este elemento, procurando el correcto uso a través de la protección de cuencas hídricas y el buen uso de ecosistemas, respetando el medio ambiente.

Dado el envenenamiento de las napas freáticas a manos de la megaminería, el desvío de los cursos de los cuerpos de agua, la devastación de las tierras, de las montañas y los ríos, las torturas contra las personas vulnerables, y de los animales endémicos como el roedor cururo (ejercidas por empresas inmobiliarias), el medio ambiente se ve interrumpido en su cauce natural. En esta misma vorágine, las grandes empresas aumentan los valores de los alimentos, que repercuten directamente en los costos de producción del trigo, y por ende del pan, elemento básico en la canasta de la alimentación en Chile, en el cual, dentro de la cadena productiva aparece, nuevamente, el agua.

Como si fuera poco, el monopolio del consumo del agua llegó al sistema de mercado, cuya cotización se realiza en las bolsas de comercio, generándose fluctuaciones en los precios, similar al comportamiento que muestran el mercado del petróleo, oro o trigo, entre otros, por lo que el valor del agua es otra de las metas para la manipulación a manos de las grandes transnacionales, por ejemplo, de las bebidas de fantasía, que terminan envenenando las tierras, ríos subterráneos y a las mismas personas.

Manuel Arismendi, Segundo Paso