Campamentos de Miseria en Chile

Si queremos ser específicos, en cuanto a la situación de miseria en la que sobreviven miles de chilenos, tenemos que situarnos en las condiciones por las que transitan día a día: no tener para comer, convivir con una incertidumbre económica, vivir del resto, carencia de higiene, incomodidades, frío o calor, dependiendo de las estaciones del tiempo, ya que por lo general Chile es helado en gran parte del año.

Actualmente, en el país existen casi 82 mil familias, con a lo menos tres integrantes, sobreviviendo en campamentos de miseria, con estructuras habitacionales que no califican para ser viviendas, y que según un estudio de las organizaciones, Techo-Chile y Fundación Vivienda, aumentaron su número desde 1996, pasando de 2019 a 2020 a 74%, llegando a 969 en todo el país.

La mala prensa que tuvo el estallido social del 18 de octubre de 2019 en los medios corporativos y comerciales de comunicación, apunta a este fenómeno social como la causa de los males, especialmente, para las empresas privadas, y para las pequeñas y medianas empresas, ocultando que fue una de las consecuencias surgidas de las políticas económicas y sociales, aplicadas desde la exdictadura militar de Augusto Pinochet, que fue instalada por Estados Unidos para usar al país como laboratorio para el neoliberalismo.

Dicho fenómeno social destapó que las políticas económicas, con perfil de capitalismo extremo, son las que han llevado a miles de chilenos a agruparse en dichos campamentos irregulares, incrementados desde el año 2011; personas que no poseen el poder adquisitivo suficiente para comprar una vivienda.

El mercado inmobiliario, apoyado en un marco jurídico que favorece el corporativismo, puede aprovechar los precios de los loteos, muchas veces originados en el conocimiento de los planos reguladores de los municipios, a través de información privilegiada para comprar terrenos a precios favorables donde construyen sus proyectos, dejando los loteos marginales para la construcción de viviendas sociales, que muchas veces, por sus características, quedan fuera de soluciones dignas.

Esta profunda crisis habitacional que se prolonga en Chile, y que se agudiza cada cierto tiempo, se desprende, en parte de las cifras del Catastro Nacional de Campamentos de los años 2020 a 2021, que contempla 178 comunas chilenas con números negativos, los que dan cuenta de esta triste realidad producida por el sistema económico chileno, antes llamado “milagro económico” por sus defensores, que en algo tenían razón, ya que es todo un milagro sobrevivir en tales condiciones.

De acuerdo al catastro nacional de campamentos del ministerio de Vivienda y Urbanismo de Chile , relativo a 2019, las regiones de Valparaíso y del Bio Bio, son las que poseen mayor cantidad de estos, con 181 y 131, respectivamente, donde viven irregularmente las personas en terrenos con ausencia de servicios básicos, como agua, energía eléctrica y alcantarillado.

Esta gran carencia en la sociedad impide a las familias acceder a casas con una cantidad de metros cuadrados adecuados, que le permitan vivir con dignidad a sus moradores, máxime cuando la crisis económica y social se ha agudizado en los últimos años, tanto por la pandemia como por factores de desigualdad económica y social, que salieron a flote tras el estallido social, no así como sectores conservadores y ultraliberales atribuyen a  este fenómeno al descontento social, situación que llevó a las familias a desplegarse en terrenos y loteos, sin que les reconozcan este derecho a través de legalización de los mismos, de ahí la irregularidad.

Terrenos tomados como los de Laguna Verde, en la norteña ciudad de Iquique, donde se produjo un gran incendio el 10 de enero de 2022, demuestra la realidad que se vive en estas zonas, hechos que solo salen a la luz en los medios comerciales por el sensacionalismo y amarillismo que provoca, cuyos moradores debieron ser derivados hasta albergues improvisados, sin que exista una política de vivienda hacia ellos, quienes deberán hacer uso de los lineamientos reaccionarios y reactivos frente a este tipo de desgracias, cuyo morbo es explotado en favor del rating empresarial, desatando una falsa caridad que les dejará en la misma situación antes de la tragedia.

De igual forma, las regiones de La Araucanía, Arica y Parinacota, Valparaíso y la Metropolitana, según el mismo informe, son las que muestran un mayor aumento en la formación de estos campamentos, cuyos habitantes buscan tener un acceso a la vivienda digna, la que conforme aumenta el número, aumenta, también el tiempo de la respuesta para las soluciones.

Entre 1996 a 2009, se ejecutaron iniciativas que no se mantuvieron en el tiempo, es decir, el programa Chile Barrio, como si el fenómeno de los campamentos irregulares solo se manifestaran en una época específica, hecho que debería estar incorporado a una política de Estado, con una actitud permanente por medio de una línea, por defecto, para entregar soluciones dignas y permanentes, dado que el sistema económico siempre estará generando desigualdad, pobreza y miseria, tal como se puede constatar en la calidad de vida de quienes habitan en estos campamentos, los que estarán siempre regenerándose.

El estudio de las organizaciones Techo-Chile y Fundación Vivienda indica que el 30% de las familias que componen los campamentos, en las regiones de Antofagasta y la Metropolitana, son migrantes, es decir, extranjeros, donde más del 66%, y casi el 57% de los grupos familiares, nacieron fuera del país, mientras que el alza en la habitabilidad en los mismos se remite al año 2011, donde cerca de 27 mil familias vivían en este tipo de aglomeraciones, lo que anula la sustentabilidad para atribuir a las demandas sociales la responsabilidad sobre este fenómeno, así como su propio crecimiento tampoco se basa en la llegada de los inmigrantes, dado que en 2011 no se registraba un masivo arribo de extranjeros a Chile, decir lo contrario, sería darle la razón a los racistas y xenófobos.

La reubicación, no la erradicación, se requiere como solución a estas irregularidades urbanas o suburbanas, considerando que son personas las que habitan en los campamentos, ya que el perfil de dignidad debería primar frente a esta situación de desigualdad habitacional, necesitándose como cualidad integrada en las políticas estatales para enfrentar esta problemática, la que surgirá de vez en vez en todo Chile.

La pandemia de Covid19 es otro factor que atrasa las soluciones necesarias para casi 82 mil familias que carecen de vivienda, y que pertenecen a los grupos que habitan los campamentos en todo Chile, así como los que durante este 2022 se sumen a los mismos, lo que si no forma parte de una política de Estado, consagrado en la nueva Constitución, poco se podrá hacer para evitar que se repitan estos casos, y tal como ocurre con las vacunas, el país estará expuesto a enfermarse de campamentos si no se vacuna a través de la consagración proactiva en lo habitacional con un sello de dignidad.

Manuel Arismendi, Segundo Paso