Segundopaso – Fenómenos que afectan a la economía como la inflación y el endeudamiento, despiertan la atención sobre el destino de las finanzas en distintos países, entre ellos, Chile, donde el caso del litio enciende las alarmas respecto a la generación de recursos y la solvencia.
Santiago de Chile, capital del país, ha sido escenario de nuevas manifestaciones convocadas por importantes actores sociales este viernes 7 de enero de 2022, entre ellos, por sindicatos, federaciones, confederaciones, colectivos de trabajadores y trabajadoras de base, organizados entorno a la “Coordinadora por la Re-Nacionalización del Cobre”, quienes alertan sobre la licitación express del saliente gobierno del derechista presidente chileno, Sebastián Piñera, mediante un polémico concurso para administrar 400 mil toneladas, por 29 años, de litio metálico.
A la par, parlamentarios chilenos se han dado a la tarea de enviar un proyecto de ley para detener la licitación de Piñera sobre el litio nacional, recordando que la nueva Constitución deberá velar por las garantías en las asignaciones, para que no estén viciadas ni asignadas de forma caprichosa, como lo que se teme que ocurra en este caso, ya que para el 14 de enero se entregarán los resultados del mencionado proceso.
Al respecto, las organizaciones que se convocaron en la plaza de la Dignidad se concentraron para protestar en búsqueda de frenar la licitación del litio, y denunciaron que un grupo de la elite busca enriquecerse con los recursos naturales de los chilenos.
De la misma forma, buscan concienciar sobre la gran importancia de la nacionalización de los recursos naturales, entre ellos, litio, cobre y oro, para conseguir el financiamiento autónomo para generar mejoras en los derechos sociales, que por décadas han sido mercantilizados en una sociedad de consumo.
Así, de esta manera, derechos como vivienda digna, trabajo justo, educación gratuita y de calidad, salud pública y una vejez digna, entre diversos existentes, se podrían lograr con estos recursos, que servirían de mínimos garantes para la calidad de vida poblacional.
En la oportunidad han rechazado que un grupúsculo se apropie y lucre en favor del capitalismo internacional, que ha generado miseria entre las familias chilenas.
Pero estas alertas buscan detener la licitación que realizó en octubre de 2021 el Gobierno chileno, como lo informó Juan Carlos Jobet, biministro de Energía y Minería chileno, que deberá enfrentar un proyecto similar al que cambió la ley de Pesca en Chile, conocida como Ley Longueira, viciada en su totalidad por coimas y corrupción, según devino su anulación por el Congreso chileno, en septiembre de 2021.
Los diputados de la oposición chilena se pusieron manos a la obra para presentar un proyecto que detenga el concurso, dado que al presidente Piñera le interesaba de sobremanera dejarlo instalado al irse, sobre lo que el diputado, Daniel Núñez, manifestó que tampoco se tiene certeza dónde serán las faenas mineras, respecto a la ubicación geográfica para el proyecto, lo que indica un preocupante secretismo que lo rodea, buscando, además, un artículo transitorio en el Código Minero, para suspender el proceso de licitación.
Otros senadores, como Yasna Provoste, Alejandro Navarro, Alejandro Guillier, Álvaro Elizalde y Gastón Saavedra, también han manifestado su apoyo para detener el proceso, asunto en el que organizaciones sociales trabajan para salvaguardar los intereses nacionales chilenos, y además, evitar que el ecosistema respectivo sea amenazado y dañado por este tipo de minería extractivista.
Ya en otras zonas de Chile, como el Salar de Maricunga, al interior de Copiapó, región de Atacama, norte chileno, se explota el litio a gran escala, amenazando otros recursos como el agua, que ha tenido consecuencias nefastas sobre recursos medioambientales y humanos.
El Salar de Maricunga se considera como el salar más austral de Chile, el cual está rodeado de humedales y de biodiversidad, al interior del parque nacional Nevado Tres Cruces, cercano al volcán Ojos del Salado, bajo amenaza de sufrir fuertes impactos en territorios adyacentes.
La lógica que impera en este tipo de proyectos obedece al perfil de extractivista. Por lo general no buscan valor agregado o innovación, en este caso, porque Chile adolece de una política pública como Estado sobre qué hacer con los minerales, sumado a un royalty que únicamente entrega un saludo a la bandera, considerando que las empresas privadas extranjeras se despliegan en el país como dueñas de los recursos chilenos, y no como socias estratégicas.
Entre estas empresas, que se llevan el litio chileno, se ubica Albemarle, de origen norteamericano, con sede en Carolina del Norte. Es una empresa de la minería química con presencia en 75 países, y opera en el Salar de Atacama y en La Negra, Antofagasta.
En 2020 la Corporación de Fomento, CORFO, agencia del Gobierno de Chile, dependiente del Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, denunció que Albemarle no le ha pagado las comisiones adeudadas, por lo que la llevó a arbitraje internacional.
La ilegalidad en la incurrió la empresa estadounidense surgió del precio y la fórmula de cálculo en las comisiones a pagar, ocasionando pérdidas por 15 millones de dólares para Chile en 2020, además de una interpretación unilateral perpetrada por Albemarle. Entre 2018 a 2020 incurrió en otras ilegalidades contra Chile, siendo oficiada por cláusulas de contrato por a la venta del 25% de la producción a un precio diferente del que informó.
Igualmente, el Servicio de Impuestos Internos de Chile -SII- ha investigado los valores de exportación de esta empresa. Sin embargo, no solo ha sido esto, ya que Albemarle ha entregado información incompleta a la Comisión Chilena de Energía Nuclear, llegando a otro arbitraje, esta vez por 19 mil millones de pesos chilenos con la empresa constructora Ocetgel de Atacama.
Por otro lado, Albemarle compró a la compañía Rockwood, la que no pagó trabajos de ampliación en la planta La Negra.
Todo este panorama da cuenta que existe un pésimo manejo de empresas extranjeras que operan en Chile, país en el que existen dos empresas que explotan el litio, Albemarle, y la Sociedad Química y Minera de Chile, que es una empresa minera privada que se dedica a la explotación, procesamiento y comercialización del nitrato de potasio y fertilizantes de especialidad, yodo, potasio y litio en el país, privatizada irregularmente y entregada al yerno del exdictador Pinochet, Julio Ponce Lerou.
Lo cierto es que también el Estado chileno no fiscaliza los contratos de las empresas, hecho que permite una desregulación, al alero de que los privados operan, en este caso, el litio, con cuotas de producción, lo que refuerza el carácter extractivista, que termina desincentivando las inversiones tecnológicas en la postproducción.
Tampoco el Estado puede conocer el contenido preciso de otros minerales en los yacimientos explotados, por lo que no existe un control sobre esta materia, hecho que impide al país transformarse en el mayor productor mundial de litio, porque no tiene plena potestad de sus minerales, pese a estar en su propio territorio.
Como si fuera poco, la industria nacional chilena de litio es inexistente, pudiendo materializarse en el futuro una institución que podría servir para estos propósitos, como la Empresa Nacional del Litio, pues el país requiere una empresa estratégica de cara a los próximos años, que le permitan enfrentar distintos desafíos económicos, y que fortalezcan sus ingresos en apoyo a los proyectos de desarrollo nacional, los que requieren de recursos para su ejecución.
Manuel Arismendi, Segundo Paso
