publicado el: 4 febrero 2022 - 20:42
La República Árabe Saharaui Democrática y Latinoamérica

Columna de Mohamed Ray. Representante de la República Saharaui en Latinoamérica. El reconocimiento de la RASD, va acorde con la legalidad internacional, ayuda a la solución pacífica y justa del conflicto que dura ya más de 47 años y es coherente con la Carta de las Naciones Unidas, con sus propósitos y principios.

El Territorio de la República Árabe Saharaui Democrática (RASD) o simplemente República Saharaui, es un país geográficamente africano, culturalmente arabo-hispano e ibero-africano, cualidades que le convierten en el país de la Unión Africana más cercano a Latinoamérica y el Caribe.

El territorio del Sahara Occidental estuvo bajo el dominio colonial español por casi un siglo, hasta el año 1975, momento en el cual la antigua metrópolis decidió salir del territorio dejándolo en manos de dos de los tres países vecinos: Marruecos y Mauritania. En el caso de la República de Argelia, este país renunció a cualquier pretensión de participar en ese reparto ilegal, que se plasmó en los tristemente célebres Acuerdos de Madrid o también denominado Declaración de Principios entre España, Marruecos y Mauritania.

Estos acuerdos fueron y son ilegales, efectuados a espaldas del pueblo saharaui, contrapuestos a toda lógica de legalidad internacional, e incluso nacional puesto que en el último punto de la parte pública de la mencionada Declaración se dice textualmente “Este documento entrará en vigor el mismo día en que se publique en el Boletín Oficial del Estado la “Ley de Descolonización del Sahara”, que autoriza al Gobierno español para adquirir los compromisos que condicionalmente se contienen en este documento”.

Sin embargo, los llamados acuerdos nunca llegaron a publicarse en ese Boletín Oficial del Estado español, elemento que acentúa aún más esa nula legalidad. El contenido que se mantuvo secreto durante muchos años demuestra la agresión clara y descarada al territorio que se materializó con la invasión militar de Marruecos y Mauritania (este último país se desligó del territorio el año 1979) para así garantizar el robo y posterior reparto de los recursos naturales saharauis entre los tres “Estados-saqueadores” y autores del acuerdo.

Esta situación de invasión militar, genocidio y robo de la cual es víctima el territorio y pueblo saharaui, condujo este último a recurrir a la defensa de sus legítimos derechos por todas las vías posibles y legales, desde una lucha armada que se interrumpió el año 1991 y que mantuvo vigente ese cese al fuego hasta el año 2020, pasando, igualmente, por la vía diplomática que dura ya tres largas décadas, sin fruto alguno por la simple intransigencia del régimen marroquí alentada por la inacción de la Comunidad Internacional personalizada en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

Desde la proclamación de la RASD, el 27 de febrero de 1976, nuestro país es reconocido por 82 estados de los cuales 26 son latinoamericanos, a pesar  que algunos “declaran” la supuesta nulidad de ese reconocimiento, por las desvergonzadas presiones de Marruecos, la verdad es que si nos acogemos a la legislación internacional plasmada en el art. 6 de la Convención de Viena sobre Derechos y Deberes de los Estados, ese proceso de reconocer a otro estado, en este caso la república árabe saharaui democrática es irreversible. “El reconocimiento de un estado simplemente significa que el Estado reconoce que acepta la personalidad del otro con todos los derechos y deberes determinados por el derecho internacional. El reconocimiento es incondicional e irrevocable”.

El resto de los países, si bien no reconocen la RASD, sí establecen el pleno derecho y no objetan, en modo alguno, al Frente Polisario como único y legítimo representante del pueblo saharaui, Y, un elemento fundamental presente en toda esta situación, ningún país en el mundo, que respete el derecho internacional admite la supuesta soberanía de Marruecos sobre el Sahara Occidental.

El reconocimiento de la RASD, por lo tanto es incondicional e irreversible, va acorde con la legalidad internacional, ayuda a la solución pacífica y justa del conflicto que dura ya más de 47 años, es coherente con la Carta de las Naciones Unidas, con sus propósitos y principios y la inmensa mayoría de las constituciones nacionales que recogen en su seno, el sagrado principio del respeto al derecho de autodeterminación de los pueblos y poner fin a los territorios que estén aún bajo procesos colonizadores.

Los estados que demuestran coherencia con su historia, principios constitucionales y respeto a la legalidad internacional reconociendo a la RASD, reciben, como suele ser habitual y con seguridad, una campaña de falsedades y presiones que invaden su soberanía por parte de Marruecos, pero lo cierto es que el mismo Reino de Marruecos, implícitamente ha reconocido a la Republica Saharaui en 2017 al solicitar su ingreso en la Unión Africana firmando y haciendo suya la carta de la Unión Continental de la cual la RASD es miembro cofundador.

Sobre el terreno, las embajadas de Marruecos se encuentran y coinciden en las mismas capitales de los estados donde se encuentran las embajadas de la RASD, y hasta los mismos embajadores se codean en las protocolarias recepciones de diplomáticos en todo el mundo. Hecho que desde mi punto de vista demuestra la posible convivencia pacífica entre dos estados vecinos de una región paralizada por un conflicto, sin sentido, impuesto por los intereses de la monarquía marroquí, como es la región del Magreb.

La necesidad de este tipo de respeto mutuo, convivencia y vecindad pacífica entre diplomáticos de diferentes Estados enfrentados por una guerra territorial, se puede ampliar a una verdadera paz entre los mismos estados, si todos nos sumamos a la legalidad internacional. Respetándonos como como estados soberanos, fomentando el dialogo, la negociación en aras a la prosperidad económica, social y política de nuestros pueblos. Ese es el camino, en lugar de mantenerse al margen posicionándose a conveniencia de los acontecimientos, en la incómoda situación de una indefendible incoherencia con nuestros propios principios y por ende la legalidad internacional.

Mohamed Ray

Representante Saharaui en Latinoamérica
 

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