publicado el: 24 febrero 2022 - 10:49
Gobiernos de Colombia y Chile, Agentes de la Emigración Venezolana

Segundopaso - La profunda crisis migratoria que ha generado el Gobierno chileno a través de su presidente, Sebastián Piñera, pone en foco a la denominada macrozona norte, que incluye las norteñas regiones de Arica y Parinacota, Tarapacá, Antofagasta y Atacama, donde han arribado miles de personas provenientes de Colombia, Ecuador, República Dominicana y Venezuela.

Actualmente, el Gobierno de Piñera ha impuesto en la zona el Estado de Excepción, renovable por 15 días, mediante el cual se restringe la libertad de movimiento de las personas, y rige, además, la nueva ley de migración (en reemplazo de la Ley de Extranjería, que databa de 1975), herramientas que han tenido poca efectividad, por la abrumadora demanda de ingresos al país por extranjeros de las mencionadas naciones.

En las actuales condiciones, se ha dejado de promover la integración de quienes llegan a Chile, acusados por elementos extremistas de quitar el sustento a los nacionales, lo que se contrapone con la realidad que sufren muchos de los inmigrantes en Chile, quienes deben vivir en carpas en el propio centro de la capital Santiago, una dura realidad, máxime cuando faltan algunos meses para el invierno en el país.

Las restricciones de movimiento se suman al artículo 152 de la nueva ley de migración, la que dispone la expulsión inmediata de quienes ingresan a Chile, aplicada contra 40 migrantes llegados a principios de febrero de 2022, quienes fueron “reconducidos” hacia Bolivia, lo que rompe el principio de la no devolución, y desprotege a las personas en cuanto a sus derechos internacionales, sumado al hecho de que la Policía de Investigaciones (PDI) no posee otras herramientas como protocolos para tratar niños en esas condiciones, como lo advirtió la defensora de la Niñez de Chile, Patricia Muñoz.

Esta crisis migratoria ha sido gatillada por el propio mandatario chileno, Sebastián Piñera que, en sus aventurerismos demagógicos y populistas, el 23 de febrero de 2019 se desató en la ciudad colombiana de Cúcuta, donde hizo un ferviente llamado a la emigración desde Venezuela a Chile, rompiendo el principio de la no injerencia en asuntos internos de otros países, cuyas consecuencias se viven este 2022, en Chile.

Respecto a Colombia, el Banco Mundial entregó 800 millones de dólares a este país, para que apoye a los migrantes venezolanos, hecho sobre el que se refirió la organización SURES de Venezuela, la que se enfoca sobre el estudio, educación y defensa de los Derechos Humanos. Sures, en un comunicado, repudió las declaraciones xenófobas y clasistas de la vicepresidenta y canciller colombiana, Marta Lucía Ramírez, la que se refirió en duros términos a los inmigrantes venezolanos en Colombia.

SURES rechazó las declaraciones publicadas por Ramírez en su cuenta social de Twitter, donde la personera dijo que Colombia no puede seguir asimilando migrantes venezolanos, por tratarse de “sectores menos pudientes y calificados” de esta población.

Además, la organización venezolana señala que la declaración de Ramírez es contradictoria, por el financiamiento de 800 millones de dólares por parte del Banco Mundial, advirtiendo que el discurso de la ministra es discriminatorio y racista, prohibidos en diferentes instancias internacionales.

En tal sentido, la entidad denuncia que Ramírez profirió graves declaraciones durante la sesión virtual del Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos del 17 de febrero, denunciando que “solo promueven el odio y la exclusión por parte de las comunidades locales hacia las poblaciones inmigrantes, lo que puede derivar en violaciones masivas de los Derechos Humanos de los inmigrantes venezolanos”.

Respecto a Chile y la emigración venezolana, hay antecedentes preocupantes que se remiten al 23 de febrero de 2019, los que evidencian cómo Estados Unidos alineó a gobiernos de su línea política como Colombia y Chile, a través de sus mandatarios, Iván Duque y Sebastián Piñera, respectivamente, para tratar de invadir a Venezuela y promover la salida de la población desde su país con destino a Colombia y Chile, lo que terminó en el mayor fiasco y ridículo de intentonas contra la soberanía e integridad venezolana, llevándose en este papelón al ministerio de las colonias de Estados Unidos, es decir, a la OEA.

Este panorama nace del bloqueo que Estados Unidos ha impuesto contra Venezuela, lo que ha llevado a un enorme saqueo de Washington, cuyo costo significa el expolio de más de 30 mil millones de dólares de activos venezolanos en el exterior.

Tampoco se debe olvidar el rol de la expresidenta chilena, Michelle Bachelet, quien se coordinó para ir en apoyo de la alianza con el Grupo de Lima, en el que la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos fue una de las articuladoras de los intentos golpistas de 2017 y del bloqueo impuesto contra Venezuela, prestando oídos a los activistas de aliados de Estados Unidos que elaboraron los informes de la ONU sobre supuestos casos de abusos en Venezuela, los que apuntaban en la misma línea injerencista de los discursos de los gobernantes norteamericanos.

Entre los activistas pronorteamericanos contra el Gobierno del presidente, Nicolás Maduro, figuran: Iván Duque, Sebastián Piñera, Mario Abdó; presidente de Paraguay, y el secretario general de la OEA, Luis Almagro, quienes se trasladaron a Cúcuta, Colombia, para propiciar la emigración a través de sus interferencias en Venezuela, lo que se pudo apreciar en el concierto que organizaron en conjunto con el agente inglés, Richard Brason (Virgin) y otras figuras de la música corporativa del pop latino.

Se destaca la influencia de paramilitares en el tráfico de personas, los que operan en ambos lados de la frontera colombo-venezolana, hecho que fue reporteado y constatado por medios como Telesur, incluso, durante el show organizado por los políticos de derecha y extrema derecha en el poder.

El 23 de febrero de 2019 Piñera ofreció a Chile como destino para los venezolanos que quisieran irse de su país, esto en coordinación con la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, calculándose que han salido casi 600 mil venezolanos con destino a Chile.

Mientras tanto, en Chile organizaciones de inmigrantes señalan que “la política migratoria del Gobierno de Sebastián Piñera, fracasó”, declaraciones dadas a conocer en el contexto de la campaña “Ningún Ser Humano es Ilegal”, llevada a cabo por la Coordinadora Nacional de Inmigrantes, la Secretaría de Mujeres Inmigrantes y la Red de Periodistas Migrantes, quienes emitieron una declaración pública denominada “Alerta Inmigrante”, documento en el que catalogaron de fracaso a la política migratoria de Piñera.

En el comunicado manifiestan que, regular fronteras no debe ser una meta “para vulnerar los derechos de las personas, discriminarlas, y mucho menos, deshumanizarlas”, así como que la migración debe ser abordada desde una perspectiva de “Derechos Humanos”.

Las organizaciones expresaron su preocupación sobre la incapacidad del actual gobierno para responder de manera adecuada y articulada a la crisis humanitaria de la región.

Igualmente, señalan que, durante cuatro años advirtieron al gobierno de esta situación, lo que llevó a que “en Chile, la política migratoria del gobierno de Sebastián Piñera, fracasó”.

Denuncian que el “enfoque securitista” no logró dar solución a la migración ni generar una mejor gestión de la migración y el refugio en el país.

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Pero, las políticas del gobierno de Piñera han tenido varios enfoques errados, tales como la criminalización, restricciones jurídicas, regularizaciones fracasadas, expulsiones colectivas, muertes en la frontera, problemas de orden social, violencia entre civiles, ingresos por pasos no habilitados, tráfico de personas, trata de personas, reconducciones forzosas, así como dilataciones y fallas en el sistema para trámites migratorios.

Los discursos populistas y demagógicos de Sebastián Piñera conllevaron a una profunda crisis migratoria en Chile, jamás vista en la historia nacional, incluso, bajo su mandato la excavación de una zanja a la altura de la nortina Colchane, además de la implementación de prohibiciones de tránsito nocturno en la frontera entre Bolivia con Chile.

Manuel Arismendi, Segundo Paso

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