El Periodismo y Comunicadores Chilenos, Bajo Peligro

Pero no solo amenazas, también un marco jurídico débil, que sitúa en la más absoluta desprotección a los profesionales de la prensa chilena, y esto porque no existe una legislación adecuada que proteja al libre ejercicio de los trabajadores de la comunicación. Tan solo, luego de la muerte de Francisca Sandoval, un grupo de parlamentarios presentaron un proyecto de ley en tal sentido, el que, según el Colegio de Periodistas de Chile “recoge los estándares en materia de derechos humanos y protección de los y las periodistas y comunicadores, y consagra el deber estatal de promover la seguridad de la prensa”, menciona en su web el gremio de las y los periodistas. En tal sentido se busca que se brinden “salvaguardias reales y exigibles al ejercicio de la libertad de prensa y el pluralismo de los medios de comunicación”, destacaron en un comunicado público.

Esto, en virtud de los acontecimientos de la revuelta social, los que desnudaron una serie de atropellos cometidos por agentes del Estado, antecedentes que incluyen casos de espionaje a otros profesionales de la prensa, como el que afectó al periodista chileno, Mauricio Weibel y a otros 399 profesionales y/o comunicadores, registrados por el Observatorio del Derecho a la Comunicación, mientras que, según el Colegio de Periodistas, llega a 300 casos de comunicadores y periodistas afectados, de los cuales, acorde a la Orden gremial, sólo 60 han sido judicializados y/o formalizados, frente a lo que la diputada, y expresidenta del Colegio de Periodistas, Nathalie Castillo dijo “no tenemos hoy un marco normativo que se ajuste a lo que mandatan las normas internacionales”.

Danilo Ahumada, presidente del Colegio de Periodistas de Chile, manifestó “debe ser el Estado que garantice la libertad de prensa y proteja a quienes trabajan en el ámbito informativo, entendiendo, que dicha labor se consagra en el marco internacional de derechos humanos y es un elemento clave para la democracia”.

Mayo de 2022 registró una particular violencia contra la prensa chilena, iniciando por el crimen de la reportera del canal 3 La Victoria, Francisca Sandoval, víctima de las balas que disparó Marcelo Naranjo, uno de cuyos proyectiles causó un traumatismo encéfalo craneano con resultado de muerte, tras 11 días de agonía. Naranjo, quien posee antecedentes delictuales, por porte ilegal de armas y tráfico de drogas, es acusado por el homicidio de la comunicadora, quien quedó en prisión preventiva durante 90 días, mientras dure la investigación, que se remite a agresiones contra los manifestantes y la prensa que cubría el Día de los Trabajadores en el barrio Meiggs, hecho que dejó a Chile en la lista de países donde asesinan a los profesionales de los medios de comunicación, y deja entrever, además, que no existen garantías para el libre ejercicio del derecho a la comunicación.

Francisca deja un pequeño hijo de cinco años, con el testimonio de que anteriormente ya había sido agredida por fuerzas policiales de carabineros, en noviembre de 2012 cuando cubría una marcha organizada por pescadores, ocasión en la que un agente estatal la atropelló en su motocicleta, habiendo sido marcada por la coerción de los guardianes del sistema neoliberal.

Pero, la marca represiva no se detuvo hasta que se cobró su vida, incluso, más allá de los hechos de 2012, hasta el fatídico 1 de mayo de 2022, en los cuales quedaron patentes los registros públicos de las cámaras de seguridad, los que respaldan lemas como “Francisca no se nos fue, la asesinaron”, crimen cometido bajo las narices de Carabineros en el mandato político del presidente, Gabriel Boric, máxime cuando existen registros que indican las comunicaciones entre quienes portaban armamento ilegal, es decir, los falsos comerciantes de Meiggs y la policía militarizada al momento del crimen contra Francisca.

Llama la atención que, en el año 2020, todos los profesionales y comunicadores que acudieron a cubrir el 1 de mayo en Plaza Dignidad, de la capital Santiago, fueron detenidos por los carabineros desplegados en el mencionado sector, incluso, hasta el equipo de Televisión Nacional de Chile, TVN, que hasta hizo una transmisión del momento en que era detenido su equipo enviado, lo que deja en evidencia la persecución por parte de los uniformados, hecho que constituye una clara violación a los derechos humanos, así como de los derechos de los trabajadores de las comunicaciones.

Esto provocó que en una gran cantidad de ciudades chilenas despertara la solidaridad hacia Francisca Sandoval, y el repudio hacia la violencia contra la prensa no corporativa, prensa que no hace relaciones públicas con y para los poderes.

A su vez, parte del comunicado público, emitido por el Colegio de Periodistas, señala: “Esta semana, nuestra Orden junto a la Comisión Chilena de Derechos Humanos ingresó una querella criminal contra los responsables de las graves agresiones de este disparo de bala con resultado de muerte, pues no puede quedar impune la primera pérdida de un civil en el acto de informar, ocurrida desde el asesinato del periodista José Carrasco Tapia, muerto en dictadura por agentes del Estado”.

A renglón seguido, señaló: “Denunciamos que la agresión contra Francisca se realizó a vista y paciencia de Carabineros de Chile, institución que actuó con total indiferencia, sin intervenir para frenar las agresiones y evitar pérdidas mayores como la que hoy lamentamos. Exigimos que las fuerzas policiales centren su labor en proteger a la ciudadanía. Hoy más que nunca urge que Carabineros de Chile proteja a la prensa, que no la exponga a hechos delictuales y menos aún a vulneraciones a sus derechos básicos”.

A mediados de mayo se conoció de otra agresión a un equipo de prensa, perteneciente a un par de canales comerciales de televisión chilena, pero, cuyos profesionales, también adolecen de una legislación que les ampare, en tanto trabajadores de medios. Producto de esta situación, ocurrida en Iquique, hubo dos detenidos por porte ilegal de armas blancas y amenazas a la prensa, sujetos que se movilizaban en camionetas con vidrios polarizados, lo que igualmente entra en la categoría de atentado a la libertad de expresión.

Uno de los sujetos implicados quedó en prisión preventiva, y el otro, con medidas cautelares, arraigo nacional y prohibición de acercarse a las víctimas, lo que constituye, lamentablemente, una decisión que motiva nuevas agresiones y que deja en evidencia la desprotección laboral para cualquier trabajador de la prensa chilena, en una desmejorable posición durante los presentes tiempos.

Otro caso lo constituye la agresión contra la periodista chilena, María Soledad Osorio, la que, según la víctima, fue ejercida por efectivos de carabineros el 17 de mayo de 2022, debido a que pidió corregir una denuncia, al señalar “me pegaron entre dos, me pegaron patadas en la cara”, apuntando a dos agentes, el sargento segundo, Padilla y al cabo segundo, Maldonado, versión que se puede conocer en un vídeo que grabó con su denuncia.

El incierto panorama para la prensa nacional chilena surge desde estos hechos, y quizás de otros más que vienen a partir de las múltiples inequidades sociales, así como de la actual débil Constitución política de la República, vigente de la exdictadura de Pinochet, fundada en los mandatos extranjeros del golpe militar de 1973, que dejó en la indefensión a los trabajadores de medios de comunicación, traspasando las prioridades al mercado y su sistema económico neoliberal, versión extremista del capitalismo, que sitúa a Chile en el paraíso del abuso laboral, el cual podría empezar a cambiar para las personas de triunfar la opción Apruebo en el plebiscito del 4 de septiembre de este año.

Manuel Arismendi Poblete